Migraciones y detenciones
Respuestas a la pandemia y recuperación para niños y jóvenes migrantes y desplazados
Youssef Madad
Director de la Asociación Relais Prison-Société
Uju Agomoh
Directora ejecutiva de Acción de rehabilitación y bienestar de los reclusos (PRAWA)
Teresa Njoroge
Fundadora y directora de Clean Start Solution
Tem Mbuh
Oficial de Programa de Igualdad, Justicia y Derechos Humanos, Iniciativa de la Sociedad Abierta para África Occidental
Sarah Belal
Fundadora y directora de Justice Project Pakistan
Salvatore Martello
Alcalde de Lampedusa y Linosa
Rosa Anaya
Coordinadora del programa Second Chances de Catholic Relief Services El Salvador
Railda Alves
Fundadora y directora de Amparar
Oleksii Zagrebelnyi
Fundador de FreeZone
Aryeh Neier
Presidente emérito de Fundaciones Sociedad Abierta
Mohamed Ben Maouloud
Teniente de alcalde de Gao, Malí
Boukari Mamane
Alcalde de Agadez en Níger
Lydia Winyi Kembabazi
Directora jurídica de AdvocAid
Lionel Nzamba
Responsable de la Unidad de Juventud de CGLU-África
Kenya Cuevas
Fundadora y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias.
Juan Méndez
Relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de 2010 a 2016
José Saldana
Director ejecutivo de Releasing Aging People in Prison
Jonathan Osei Owusu
Fundador y director ejecutivo de la Fundación POS
Jean Pierre Elong-Mbassi
Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos-África
Deprose Muchena
Director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional
Deborah Coles
Directora ejecutiva de Inquest
Cathy Álvarez
Abogada de StreetLawPh
Emilia Saiz
Secretaria General CGLU
Contexto
Cuando escuchamos las palabras «detenciones obligatorias«, tendemos a pensar en la cárcel y en las prisiones, pero las personas afectadas por esta práctica son muchas más. Hablamos de personas en centros de inmigración, instalaciones psiquiátricas, centros de tratamiento de abuso de sustancias y otras instalaciones que han mantenido a personas en confinamiento obligatorio. Apenas hay un lugar en el mundo que esté a salvo de las detenciones obligatorias.
En el contexto de la pandemia de la COVID-19, muchas personas marginadas fueron retenidas en condiciones inseguras en cárceles, prisiones o centros de inmigración. La detención obligatoria tiene consecuencias especialmente duras para las mujeres y los niños y niñas, y sus efectos nocivos para la dignidad humana y la inclusión social persisten después de la liberación.
Esta sesión puso sobre la mesa las realidades a las que se enfrentan muchas personas en todo el mundo: el racismo, el colonialismo, la discriminación y las desigualdades, con los grupos más vulnerables sobrerrepresentados en las instituciones penitenciarias.
De cara al futuro, los participantes exploraron alternativas impulsadas por la comunidad para fomentar una visión para 2045 poniendo los derechos humanos, la justicia y el cuidado en el centro.
Esta experiencia de tres días reunió a más de 20 ponentes y a más de 300 participantes, entre ellos organizadores comunitarios, líderes locales y regionales y víctimas de la detención obligatoria.
3,5
5,8
Desafíos
- Muchas mujeres, hombres y niños y niñas han muerto o han sufrido condiciones inhumanas como consecuencia de la detención obligatoria.
- El racismo es uno de los principales impulsores del abuso de poder y del encarcelamiento: en el Reino Unido, las personas de raza negra tienen el doble de probabilidades de morir tras el uso de la fuerza por parte de la policía que los blancos.
- La detención se ha convertido en un arma en todo el mundo: por ejemplo, se ha utilizado en África para aislar y castigar a los opositores políticos, así como para ejercer la supremacía racial.
- En muchos países del mundo en desarrollo, los centros de detención están superpoblados y carecen de condiciones esenciales y dignas.
- La COVID-19 ha empeorado las condiciones de vida de las personas en los centros de detención, ya que las medidas de distanciamiento social son difíciles de seguir.
- La criminalización dirigida a las minorías se fundamenta en el imperialismo, el colonialismo la esclavitud y tiene un reflejo hoy en el marco jurídico institucional.
Respuestas
- Comprender el sentido del tiempo histórico es clave para entender los retos actuales. Las soluciones deben ir a la raíz del racismo, del sexismo y de las desigualdades, para transformar los sistemas de justicia.
- La Carta de Gobiernos Locales y Subnacionales de África sobre la Migración, firmada en 2018 por 30 ciudades, se opone firmemente a la detención migratoria.
- El Proceso de la Carta de Lampedusa de CGLU reconoce que los enfoques securitarios para la recepción de las poblaciones migrantes – a través de los centros de recepción o «estancia»- son ineficientes y no protegen los derechos humanos. La Carta hace un llamamiento a los territorios para que contribuyan activamente a la transición de enfoques centrados en las fronteras a una visión de la ciudadanía centrada en las personas, sustentada en un sentido de comunidad y en las nociones de dignidad, derechos humanos, paz, memoria colectiva y diversidad, independientemente de cualquier estatus administrativo.
- La despenalización de las drogas ha demostrado ser un punto de partida hacia un futuro más humano y compasivo.
- Algunos creen que encerrar a las personas en centros de detención las hace más seguras, pero las investigaciones demuestran que encerrar a las comunidades vulnerables tiene altos costos humanos y financieros.
- La campaña #FreeHer se está reuniendo en Estados Unidos para exigir al presidente y a los gobernadores de los estados que utilicen su poder de indulto para liberar a mujeres que deberían estar en sus comunidades de origen, con sus familias.
- Inquest, en el Reino Unido, cuenta las historias humanas de quienes han muerto en centros de detención, y apoya a las familias para cambiar la narrativa que culpa a las víctimas.
Hacia el Pacto
- Las soluciones lideradas por las comunidades son clave para que la justicia, la dignidad, la igualdad y la protección de los derechos humanos prevalezcan sobre las medidas ineficientes e injustas.
- Los gobiernos locales y regionales llaman la atención de las instituciones nacionales e internacionales sobre el impacto de la detención obligatoria en las comunidades, y para avanzar hacia un cambio estructural.
- Las esferas y los procesos de elaboración de políticas internacionales deben tener en cuenta las necesidades y las perspectivas de quienes han soportado la detención obligatoria.
- Llevara las comunidades a la mesa de toma de decisiones es un primer paso para avanzar.
For further information on the topic of Public Service Delivery and its impact on cities and regions, please refer to the related resources included below.
- UCLG’s Live Learning Experience page
- Metropolis’ Cities for Global Health initiative
Ponentes
Youssef Madad
Director de la Asociación Relais Prison-Société
Uju Agomoh
Directora ejecutiva de Acción de rehabilitación y bienestar de los reclusos (PRAWA)
Teresa Njoroge
Fundadora y directora de Clean Start Solution
Tem Mbuh
Oficial de Programa de Igualdad, Justicia y Derechos Humanos, Iniciativa de la Sociedad Abierta para África Occidental
Sarah Belal
Fundadora y directora de Justice Project Pakistan
Salvatore Martello
Alcalde de Lampedusa y Linosa
Rosa Anaya
Coordinadora del programa Second Chances de Catholic Relief Services El Salvador
Railda Alves
Fundadora y directora de Amparar
Oleksii Zagrebelnyi
Fundador de FreeZone
Aryeh Neier
Presidente emérito de Fundaciones Sociedad Abierta
Mohamed Ben Maouloud
Teniente de alcalde de Gao, Malí
Boukari Mamane
Alcalde de Agadez en Níger
Lydia Winyi Kembabazi
Directora jurídica de AdvocAid
Lionel Nzamba
Responsable de la Unidad de Juventud de CGLU-África
Kenya Cuevas
Fundadora y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias.
Juan Méndez
Relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de 2010 a 2016
José Saldana
Director ejecutivo de Releasing Aging People in Prison
Jonathan Osei Owusu
Fundador y director ejecutivo de la Fundación POS
Jean Pierre Elong-Mbassi
Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos-África
Deprose Muchena
Director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional
Deborah Coles
Directora ejecutiva de Inquest
Cathy Álvarez
Abogada de StreetLawPh
Emilia Saiz
Secretaria General CGLU